Ecuador: estallido tras una década de silencio

La imprevista rebelión vivida en territorio ecuatoriano en octubre de 2019 generó un cimbronazo de proyección continental. Encabezada por un conglomerado de movimientos y comunidades indígenas, logró poner un freno al intento de Lenin Moreno de aplicar un paquete neoliberal que tuvo al FMI como principal artífice. ¿Cuáles fueron las raíces de este estallido y qué enseñanzas brinda? ¿Es posible construir un proyecto hegemónico plurinacional de nuevo tipo, que supere las limitaciones evidenciadas durante el ciclo progresista

por Soledad Vogliano* y Apawki Castro**


El levantamiento indígena y popular que atravesó como lanza la historia ecuatoriana en octubre de 2019 fue una sorpresa para gran parte del campo de la izquierda latinoamericana. Desde las últimas grandes irrupciones del movimiento indígena en las luchas anti neoliberales de fines del siglo XX y su presencia decisiva en la derrota del proyecto del ALCA, se había sumido progresivamente en un aparente silencio, marginalizado por el prisma con que leyeron a nuestras sociedades los proyectos del progresismo latinoamericano.  

El proyecto correísta de la Revolución Ciudadana les asignó sistemáticamente a los sectores que sostuvieron la impugnación al programa neodesarrollista y de centralización del Estado un lugar que siempre resultó incómodo: el de oposición corporativista carente de una visión nacional. El aparato de la comunicación oficialista hizo el resto, y muchos de aquellos interlocutores de izquierda en América Latina que fueron aliados estratégicos en la resistencia al neoliberalismo, renunciaron a ver en el movimiento indígena un sujeto importante para la construcción del socialismo del siglo XXI, dejando caer sobre éste el dictamen -cargado de colonialidad- sobre su incapacidad de comprender la complejidad del escenario político que se disputaba a nivel continental. 

Sin embargo, casa adentro en Ecuador las tensiones de la lucha de clases no desaparecieron. Desde 2009, una vez aprobada la nueva Constitución con fuerte apoyo de la CONAIE, se desencadenó un derrotero de conflictos, primero en el ámbito superestructural por la configuración de la legislación secundaria que formuló el nuevo modelo de Estado y el régimen económico. En concreto cuatro elementos detonaron la ruptura definitiva con la revolución Ciudadana: 1. la negativa desde el seno del correísmo de cristalizar el carácter plurinacional del Estado en una nueva institucionalidad que incluya a las nacionalidades indígenas y a los gremios en la rectoría de las políticas públicas; 2. una serie de reformas (entre estas el Código Orgánico de la Producción) que patrocinaron el fortalecimiento de una burguesía nacional transnacionalizada con gran influencia en el núcleo duro del correísmo; 3. la dilución de principios constitucionales como la desprivatización y redistribución del agua, la desconcentración de la tierra, la prohibición de los transgénicos, entre otras, en normas y políticas que desvirtuaron su horizonte; y 4. la afirmación de que el cambio de modelo de desarrollo requeriría primero una expansión acelerada del extractivismo para lo cual se aprobó en la Ley Minera (primera legislación en Ecuador que logró crear las condiciones para el desembarco de capitales trasnacionales mineros) y se realizaron importantes contratos de pre venta de petróleo y minerales a empresas transnacionales.   

Entre 2009 y 2017 y a pesar de la estabilidad general que generó la reactivación económica y la inversión pública sustentada en el ciclo de altos precios de los commodities, se desarrolló en Ecuador un acumulado de múltiples focos de resistencia, en particular a los proyectos extractivos, desde donde se profundizó la ruptura en términos político-estratégicos entre el horizonte de la Revolución Ciudadana y el proyecto histórico del Estado Plurinacional.

El fin del ciclo económico en 2014 estuvo acompañado de un periodo de movilización creciente desde distintos sectores sociales, incluidos focos de movilización por derecha en contra de medidas progresivas como la Ley de Herencias, que culminó en 2015 con un Paro Nacional de gran convocatoria en zonas urbanas y rurales, un 2016 marcado por conflictos de alta intensidad en zonas mineras con la declaración de Estado de Excepción en la Amazonía, y el rechazo en las calles a la imposición de un paquete de enmiendas constitucionales.

De este modo, las elecciones de 2017 encontraron un campo político profundamente polarizado por la represión y criminalización desatada desde el Paro de 2015. Frente a una alternativa electoral entre Guillermo Lasso (dueño del Banco de Guayaquil) y Lenin Moreno (ex vicepresidente y candidato oficial del correísmo) caracterizada por algunos como la “Batalla de Stalingrado”, el movimiento indígena, sindicatos y en general el campo popular identificaron ya en ese momento que el ajuste estructural y la derechización del Estado ocurriría en cualquiera de los escenarios, y optaron – frente a la incomprensión del progresismo latinoamericano- por posicionarse por el voto nulo o en oposición a ambos candidatos. 

Moreno asume su mandato presidencial con la consigna de dar cauce a un gran dialogo nacional que convocó ampliamente tanto a los sectores populares golpeados por la criminalización como a los grandes medios de comunicación o sectores empresariales, con los cuales el régimen correísta se había confrontado. Desde el círculo más cercano a Moreno, la consigna rápidamente se convirtió en la de “descorreizar” al Ecuador. 

El Movimiento Indígena participó del diálogo con la consigna de lograr el desprocesamiento de cientos de dirigentes, pero denunció públicamente la inexistencia de condiciones ni voluntad política del gobierno de avanzar en ninguno de los temas fundamentales de proyecto plurinacional. Por el contrario, el “diálogo empresarial” rápidamente se materializó la entrega del control de la economía nacional a las cámaras privadas de las grandes empresas, vinculado a visibles cuadros de la burguesía en los principales cargos del Estado y un derrotero de medidas económicas para poner el peso de la crisis sobre la clase trabajadora que evidencian la reconfiguración del poder empresarial en el seno del gobierno.

La genealogía de la crisis 

Desde 2014 la caída del valor internacional de los commodities provocó en una reducción del flujo de ingresos públicos y de la tasa de ganancia de la poderosa burguesía agroindustrial vinculada al comercio exterior. Al estar dolarizada, la falta de divisas tensiona rápidamente la economía y encarece las mercancías producidas dentro del país en relación a sus similares producidos en otros países que, en un contexto de crisis similar a la que atraviesa el Ecuador, devalúan su moneda. La dolarización es a su vez una camisa de fuerza para los empresarios a la hora de reducir sus costos de producción. En estas condiciones, la principal herramienta de intervención del Estado en la economía (y el centro de la disputa respecto a qué sector carga con la crisis) es la política fiscal y el manejo del gasto público.

De allí la evidencia del posicionamiento del morenismo con la emisión de la Ley de Reactivación Económica y la Ley para el Fomento Productivo, Atracción de inversiones y Generación Empleo (conocida como Ley Trole 3), que inició un proceso de desregularización de la economía y puso en marcha la remisión tributaria para los grandes grupos económicos condonando deudas tributarias por un monto que podría llegar, según cálculos del mismo Servicio de Rentas Internas, a 2 mil 355 millones de dólares, y la tolerancia a una deuda total de 4 mil 600 millones aproximadamente. En paralelo, el gobierno negocia y firma la Carta de intención con el FMI donde se estipula un primer desembolso de 4 mil millones condicionados por un conjunto de medidas que darán cuerpo al paquetazo de octubre. 

Muchos de aquellos interlocutores de izquierda en América Latina que fueron aliados estratégicos en la resistencia al neoliberalismo, renunciaron a ver en el movimiento indígena un sujeto importante para la construcción del socialismo del siglo XXI, dejando caer sobre éste el dictamen -cargado de colonialidad- sobre su incapacidad de comprender la complejidad del escenario político que se disputaba a nivel continental.

Rebelión contra el paquete neoliberal

En agosto de 2019, en una asamblea que analizó la coyuntura latinoamericana como de crisis de los proyectos progresistas y de “avance de la derecha conservadora, patriarcal y capitalista” la CONAIE resuelve “convocar a la unidad nacional de todas las organizaciones sociales, obreros, campesinos, estudiantes, mujeres, jubilados, entre otras, en rechazo a las políticas económicas implantadas por el Gobierno Nacional ya que responden a presiones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para favorecer a la clase dominante empresarial en detrimento de los sectores más vulnerables de la sociedad, intensificando las políticas extractivistas minera, petrolera e hidroeléctrica, promoviendo la flexibilización laboral y auspiciando la privatización de las empresas públicas (eléctricas, telecomunicaciones, energéticas); entre otras políticas antipopulares” y “convocar a una Gran Movilización Nacional para el mes de octubre desde todos los territorios base de nuestra organización a nivel nacional en conjunto con otras organizaciones sociales fraternas”.

A inicios de octubre de 2019 el decreto 883 de Moreno eliminó los subsidios a los combustibles y redujo del salario real del conjunto de trabajadores públicos como parte de un amplio programa de despidos en el Estado que comenzó a fines de 2018. Esto provocó el inmediato llamamiento a paro y paralización de vías de los gremios de taxis y transportes de pasajeros (con un acatamiento de más de 85%), lo cual fue catalizador para la protesta callejera. La CONAIE, previendo el carácter del decreto y en rechazo a un conjunto de medidas parciales previas había definido la convocatoria a levantamiento para el 15 de octubre, aunque el devenir de los hechos obligó a adelantarse y orientar a sus bases la preparación inmediata de acciones, en una declaración conjunta con el Frente Unitario de Trabajadores. El correísmo, debilitado y deslegitimado – recordemos que Moreno llega a la presidencia como candidato oficial de Alianza País, promovido por el mismo Correa – intenta colocarse como conducción de la oposición anti-neoliberal, sin embargo, estos intentos son marginales.

La movilización inicia en las provincias más combativas de la sierra, con bloqueos de las carreteras principales y secundarias que vinculan la capital con otras ciudades del país. La modalidad recupera la tradición de lucha de inicios de los ‘90, en que las comunidades de manera descentralizada realizan acciones de lucha según su posición geográfica. Así, en pocos días se interrumpió el flujo de mercancías hacia los mercados de Quito, Cuenca y Guayaquil, se interrumpió el funcionamiento del aeropuerto internacional de Cotopaxi (desde donde embarca la exportación de flores y otros productos agroindustriales) se realizó la toma de las antenas de radio y televisión en los páramos de Tungurahua. En la Amazonía, hubo ocupaciones de varios pozos petroleros y el cierre del oleoducto por parte de comunidades indígenas, y la toma de gobernaciones en las cabeceras provinciales. La intensa represión que sucedió al decreto de Estado de Excepción fue respondida por la CONAIE con un “decreto indígena” anunciando que militares y policías que ingresen a territorios indígenas serían retenidos, orientación que fue cumplida en decenas de organizaciones incluyendo una comunidad en Chimborazo donde llegó a haber 50 militares detenidos. 

La directriz a las bases es progresivamente trasladarse a Quito donde el movimiento indígena confluyó con estudiantes y sectores urbanos, y que convirtió a Quito en un polvorín desde el primer día. La lucha callejera caracterizó la resistencia, con una altísima participación de sectores populares no organizados, emparenta la situación al espíritu de las resistencias populares a las medidas neoliberales de los 90. Como respuesta el gobierno se traslada a Guayaquil bajo la protección de la alcaldía socialcristiana (representación electoral más consolidada de la derecha empresarial). La resistencia en la capital crece en convocatoria y se suman progresivamente los barrios populares primero con una muestra impresionante de solidaridad resolviendo la logística y alimentación de más de 30 mil indígenas y campesinos, y barricadas que día a día fueron radicalizando la combatividad de la ciudad y sumando demandas a la exigencia generalizada de que el gobierno dé marcha atrás y derogue el decreto 883. Los gremios empresariales salieron a exigir la inmediata represión de las acciones de hecho ante la interrupción de las exportaciones, el vaciamiento de los mercados y las pérdidas de la industria petrolera. Por ello, ya al promediar las jornadas de movilización, ya no se hablaba de paro nacional sino de levantamiento, ante la evidencia de que el volumen y la intensidad de la lucha había superado largamente – incluso – al Levantamiento del 90’.

La movilización inicia en las provincias más combativas de la sierra, con bloqueos de las
carreteras principales y secundarias que vinculan la capital con otras ciudades del país.
La modalidad recupera la tradición de lucha de inicios de los ‘90, en que las comunidades
de manera descentralizada realizan acciones de lucha según su posición geográfica.

El estilo de la resistencia popular en Ecuador tiene una cuota fuerte de espontaneísmo que confluye con la mayor o menos capacidad de las organizaciones políticas y populares nacionales de articular las demandas y unificar un pliego de exigencias que represente adecuadamente el descontento social y las necesidades de la coyuntura. La convocatoria de la CONAIE logró expresar en efecto la frustración acumulada en varios años (incluyendo los últimos del correísmo) en que se han deteriorado las condiciones de existencia de los sectores populares de la mano de un cierre a los canales de expresión política, que se continuó en la desarticulación de las políticas distributivas y de contención social, el crecimiento del desempleo y el empleo precario. 

El cierre de los 8 días de levantamiento, ocurre con un episodio histórico. El movimiento indígena acepta un diálogo con el gobierno siempre y cuando éste ocurra de manera transparente, en cadena nacional, con la presencia de las máximas autoridades del Movimiento Indígena y del Estado. Millones de personas asistieron televisivamente al encuentro, donde ante las acusaciones de Moreno de que la movilización habría sido convocada por agentes del correísmo con ánimos golpistas, la dirigencia indígena desplegó un discurso expresando lo más potente de su impugnación al Estado: denunció la responsabilidad política sobre la represión y los muertos y la subordinación del gobierno a los grupos económicos y al FMI, acusando al Estado de provocar la violencia desde arriba. Y lo hizo hablándole a la ciudadanía de a pie. Por ello las palabras de Leonidas Iza se volvieron icónicas: “Un día le ponías 20 dólares a tu tractorcito para ir a trabajar y llevar a los hijos a la escuela; al día siguiente, necesitás 45. Eso es un acto violento”. Finalmente, el gobierno ante la silenciosa retirada del apoyo socialcristiano y la evidencia de que el levantamiento tendría condiciones para seguir varios días más, derogó el decreto 883 otorgando al movimiento indígena una primera victoria, puntual pero real, en lo que será una larga lucha contra el ciclo de ajuste estructural.

El estilo de la resistencia popular en Ecuador tiene una cuota fuerte de espontaneísmo que
confluye con la mayor o menos capacidad de las organizaciones políticas y populares
nacionales de articular las demandas y unificar un pliego de exigencias que represente
adecuadamente el descontento social y las necesidades de la coyuntura. La convocatoria
de la CONAIE logró expresar en efecto la frustración acumulada en varios años (incluyendo los últimos del correísmo).

El sujeto, el gremio y el horizonte de un socialismo plurinacional

El cambio cualitativo que expresa la forma en que se desenvolvió el Levantamiento de octubre es que la CONAIE recupera el rol de sujeto con capacidad de encadenar un conjunto de demandas de sociedad y aglutinar al campo popular. La CONAIE es la organización más grande del país con alrededor de 15 mil comunidades, organizada territorialmente desde lo comunitario hasta el nivel nacional, que actúa en tanto representación gremial y como estructura de autogobierno indígena. Sin embargo, el Movimiento Indígena ecuatoriano no es un movimiento indigenista. Desde su irrupción en el escenario político en los 90 la consigna de la CONAIE fue “nada sólo para los indios”. Más allá de cuánto se ha reconfigurado la percepción de lo indio en la última década, en un país donde son pobres 4 de cada 10 indígenas y 3 de cada 10 afrodescendientes, la condición étnica está estructuralmente asociada a los ámbitos de mayor explotación laboral y marginalidad económica. Y parte de la fuerza que se aglutinó en la CONAIE en esta década de silencio, es que ha tenido la capacidad de recuperar una interpretación de esta condición de clase con sus efectos político organizativos (desarrollando nuevas formas organizativas de carácter sindical y urbano) y vincularla con las demandas más tradicionalmente “indígenas” como la defensa de los territorios frente al extractivismo o la educación intercultural. Esto le ha permitido a la CONAIE movilizar nuevamente de forma radical a sus bases e interpelar a la sociedad con un discurso anti neoliberal que hubiera resultado impensado para el “gremio corporativista carente de una visión nacional” que intentó posicionar el correísmo. 

Adicionalmente la CONAIE ha configurado hacia adentro una perspectiva propia e indicios de un proyecto superador a las representaciones del socialismo propuesto por el progresismo, en el sentido más mariateguiano posible: la defensa de lo comunitario, de la territorialidad y del autogobierno como fundamento de otra forma de configuración del Estado plurinacional (o lo que podríamos traducir como ejercicio organizado del poder popular basado en instituciones propias). Esta divergencia de origen no necesariamente impugna la totalidad de las políticas del correísmo, pero si confronta ineludiblemente los fundamentos de la Revolución Ciudadana como proyecto político. 

Los horizontes de la política en el mundo andino son ciclos largos donde las transformaciones de carácter revolucionario se cultivan fuera del ojo público y sin encorsetarse en los tiempos de la política formal.

El escenario a futuro está abierto, pero determinado por lo que seguirán siendo iniciativas permanentes desde arriba por articular las políticas de ajuste en confluencia con un deterioro creciente de la economía, que seguramente será caldo de cultivo de nuevas movilizaciones. Esto confluirá con la situación en el campo electoral que se ha reconfigurado diametralmente como resultado de la rebelión de octubre, y donde la derecha socialcristiana ya no hegemoniza las opciones electorales, el correísmo sigue manteniendo un voto duro, y ha surgido una expectativa social en relación a una candidatura posible del movimiento indígena. Sin embargo, la trayectoria abierta con la rebelión de octubre en el proceso de reconfiguración del proyecto emancipatorio está lejos de restringirse a una disputa institucional. Los horizontes de la política en el mundo andino son ciclos largos donde las transformaciones de carácter revolucionario se cultivan fuera del ojo público y sin encorsetarse en los tiempos de la política formal. 


* Antropóloga y militante de la UTT. Acompañó durante los últimos 10 años al movimiento indígena ecuatoriano.

** Kichwa panzaleo, comunicador social y dirigente de comunicación de la CONAIE.


Publicado en Revista Catarsis N° 2

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