Del largo estancamiento a la crisis abierta

En las crisis se suele hacer hincapié en los quiebres, en las rupturas, en lo que cambia de un gobierno a otro. Esta visión esconde los límites estructurales del modelo de acumulación y las continuidades entre ciclos políticos. Atrás de la cortina de humo de la “mala praxis”, hace su reaparición un fantasma innombrable: el antagonismo capital-trabajo. ¿Y si la crisis actual fuese inevitable?

Por Adrián Piva[*]



Artículo publicado en el Número 1 de Revista Catarsis, Mayo de 2019

Argentina atraviesa actualmente otra coyuntura de crisis. En ese contexto, y como ya ocurriera con el gobierno de la Alianza, es habitual la atribución de la crisis a la ineptitud del gobierno o a la aplicación de políticas neoliberales. Aunque menos estridente, resuena también su atribución a una acción planificada desde el comando del estado, con fines inconfesables. Ambas clases de críticas suponen un diagnóstico común: la crisis era evitable con las políticas correctas. Esas afirmaciones que inundan los medios periodísticos no son tan fáciles de encontrar, al menos en esa forma simplificada y brutal, en la academia. Sin embargo, ¿está tan lejos de esos argumentos adjudicar la crisis a la desregulación financiera y a la apertura comercial? 

Explicitemos lo que está en discusión para evitar mal entendidos: nos referimos a la crisis, no a su forma ni a sus tiempos. No se trata de negar la importancia del endeudamiento externo de los últimos dos años o del crecimiento relativo de las importaciones en el escenario actual. Incluso, tampoco se trata de negar el impacto de los errores políticos en el agravamiento o aceleración de la crisis – un diagnóstico de crisis de expectativas que llevó al gobierno a bajar impuestos, en un marco de déficit fiscal, confiando en que el cambio de gobierno, la salida del control de cambios y la resolución del conflicto con los “hold outs” iban a producir un shock de inversiones y exportaciones.  Sin embargo, ese tipo de argumentos se sostiene sobre el recorte del período abierto por el gobierno de Macri respecto del período previo. Se espera que la justificación de ese recorte sea más o menos obvia, ya que es muy claro el cambio de políticas. Pero el problema es justamente ese, que aquí no se trata del cambio de políticas, sino de la crisis. Justificar el recorte de esa forma es asumir desde el inicio que el problema está en las políticas: la crisis era evitable con las políticas correctas.

Sin embargo, existe un amplio acuerdo en la ciencia social crítica y en la heterodoxia económica sobre que la reaparición de la restricción externa (tendencia al déficit de cuenta corriente) en el año 2010 (Fuente: Cuentas internacionales INDEC) y el agravamiento de las condiciones macroeconómicas post 2013 debido a la caída del precio de las materias primas (Fuente: Índice de precios de materias primas – BCRA) remitían a la persistencia de desequilibrios estructurales del capitalismo dependiente argentino. Sobre ese trasfondo se desarrolló desde 2012 un período de estancamiento económico y tendencia a la crisis que se extendió a través de diversas fases hasta su resolución en crisis abierta a partir de abril de 2018. La inscripción de la actual coyuntura de crisis en ese marco temporal más amplio lleva la atención a esa dinámica persistente más allá del cambio de políticas.

Es interesante, desde esa perspectiva, descubrir continuidades llamativas, que no hablan de la identidad de los gobiernos kirchnerista y macrista, sino, por el contrario, que destacan sobre el fondo de la discontinuidad evidente de ambos gobiernos. 

Frente a las hipótesis que explican la crisis actual como el resultado de la implementación de políticas incorrectas por parte del gobierno, intentamos exponer de manera resumida la hipótesis de que la actual coyuntura de crisis abierta es el desenlace de un largo período, cuyo origen se encuentra en el agotamiento de unas condiciones de acumulación que habían posibilitado, desde 2003, una estrategia política basada en la satisfacción gradual de demandas populares

La primera es la ya mencionada continuidad del conocido serrucho de crecimiento económico los años impares (electorales) y de caída los años pares. Esa tendencia al estancamiento se desarrolla sobre la base de la debilidad de la inversión. Después de caer debajo del 21% del PBI en 2012 (21,6% en 2011 y 20,3% en 2012) la tasa de inversión se mantuvo debajo del 20% los años 2014, 2015 y 2016. El repunte de la inversión (sobre todo la privada, en un marco de caída del peso de la inversión pública en el PBI) la devolvió apenas a los niveles de 2012 y 2013. Pero más llamativa es la continuidad en la evolución de la relación consumo público/consumo privado que fue creciente desde 2012 (partiendo del 16,2% en 2011) y se mantuvo en niveles superiores al 18 por ciento desde 2014, incluyendo 2016 y 2017. La evolución del consumo público muestra además que funcionó como elemento dinamizador de la economía durante los años electorales a lo largo de los dos gobiernos (cuadro 1). Si nos atenemos al método de seguir esas líneas de continuidad, con independencia de los cambios de política económica, surge con claridad desde 2014 una nueva fase dentro del período más largo de estancamiento que se extiende hasta 2018. Esta fase se caracteriza, en primer lugar, por la inestabilidad cambiaria. Se observan maxi devaluaciones en 2014, 2016 y 2018. 

En segundo lugar, como resultado de la inestabilidad cambiaria, se produce un salto en los pisos de inflación. De niveles de inflación anual de entre el 20% y el 25% desde 2007, con la excepción del 14,6% en el año recesivo 2009, se pasa a pisos del 25% con picos superiores al 35% y 40% los años de devaluación y caída del PBI (Fuente: IPC 9 provincias CIFRA e IPC INDEC). Este empeoramiento de las condiciones económicas no responde a un fenómeno meramente local, sino que expresa el impacto en la economía argentina de la desaceleración del crecimiento de China y la caída consiguiente del precio de los commodities, que afectó a toda la región. Pero en el escenario de restricción externa y estancamiento persistente desde 2012 significa un aumento de la presión por el ajuste. 

Desde esta perspectiva, en tercer lugar, la comparación de los ajustes de 2014 y 2016 muestra también ciertas líneas de continuidad. En el cuadro 2 se pueden observar la caída del salario real y de la participación de los asalariados en el producto en ambos años. Según datos de CIFRA en 2014 el salario real cayó un 4,8% contra el 5.8% en 2016. La participación de los asalariados en el producto cayó del 37,6% al 35,7% en 2014 y del 37,4% al 34,3% en 2016. Si bien la caída de ambas variables es mayor en 2016, la diferencia no permite señalar una ruptura. Lo mismo ocurre con la variación de la pobreza y de la indigencia si observamos los datos del Observatorio de la deuda social de la UCA, los que tomamos para mantener la comparabilidad a lo largo del período. La evolución de los índices (cuadro 3) muestra que más allá del fuerte incremento de la pobreza en 2016 – aumentó un 10,8% en relación a 2015 versus un 4,7% de variación entre 2014 y 2013 – volvió a situarse al año siguiente en niveles similares a 2014 y antes 2010, puntos altos de la serie de la UCA (que se inició en 2010) para el período kirchnerista. En lo que refiere a la indigencia, la tasa de variación de 2016 respecto de 2015 fue del 21% – no muy distinta del 18,5% de 2014 respecto de 2013 – para situarse en 2017 otra vez en niveles similares a 2014 y 2010. Es decir, no se produce una ruptura con los niveles de pobreza e indigencia del período previo. Si consideramos la variación del empleo público como una aproximación a una medición del ajuste en el estado durante 2016 (cuadro 4) se observa que la reducción en el estado nacional es marginal, un 0,2%, mientras en los niveles subnacionales se produjeron incrementos. Es decir, todo indica que si bien el ajuste de 2016 es mayor al de 2014 no evidencia un salto cualitativo. 

Pero, en cuarto lugar, es una característica común a la fase iniciada en 2014 el alza de las tasas de interés. Como se observa en el cuadro 5, es en 2014 que se produce el salto en las tasas de interés de las LEBAC, que pasan de niveles cercanos al 16% a niveles en torno al 28%. Tanto en el gobierno de Macri como en el de Cristina Kirchner tuvo una función común: evitar la fuga del peso. Durante el gobierno kirchnerista, en el marco del control de cambios, se trataba de evitar el aumento de la brecha entre dólar oficial y dólar bolsa (el mecanismo de fuga de capitales a través de la compra – venta de papeles que cotizaban en el mercado local y en Wall Street) y que funcionaba como un dólar mayorista al que seguía el más modesto y minorista dólar blue. Durante el gobierno de Macri en condiciones de tipo de cambio más o menos libre se trataba de evitar la devaluación del peso. El trasfondo que explica la persistencia de las altas tasas de interés es un escenario de restricción externa e inversión débil, por ello es que la baja de tasas no aumenta la inversión, sino que genera una fuga hacia el dólar. 

La última fase del período abierto en 2012 se abrió en mayo de 2018. Pero su causa hay que buscarla en diciembre de 2017. Cuando el gobierno, fortalecido políticamente por el desempeño electoral de octubre, decidió emprender las reformas previsional, laboral y tributaria, y consumió su capital político en los enfrentamientos callejeros frente al Congreso. Entonces, enterró el reformismo permanente e intentó canjear inflación por crecimiento reduciendo las tasas de interés

Sin embargo, más allá de esta función común de la tasa de interés alta es evidente durante el gobierno Cambiemos su inscripción en un mecanismo totalmente diferente al del gobierno anterior. En el gobierno kirchnerista la elevación de la tasa de interés es parte de un mecanismo orientado a posponer el ajuste a través de una relativa desvinculación/cierre de la economía local respecto de la economía mundial. No se trató de una decisión estratégica sino del resultado del bloqueo político al ajuste en el cual tuvo un rol, ciertamente, su contradicción con una estrategia política de construcción de consenso basada en la incorporación de demandas populares. Esto se puso de manifiesto cada vez que el gobierno intentó avanzar en la dirección de un ajuste gradual, por ejemplo, reduciendo subsidios a los servicios públicos y aumentando tarifas, debido a los procesos de deslegitimación que esas decisiones conllevaban. O en los efectos sobre la estabilidad del bloque político kirchnerista que tuvo el incremento del peso en los recursos tributarios del impuesto a las ganancias a los asalariados. El costo de ese sendero, ciego aunque estratégico, de posposición del ajuste fue la prolongación del estancamiento.[1]

Aquí aparece un elemento que es importante para entender el desemboque de la política macrista: la alternativa no era ajuste o crecimiento sino posposición del ajuste -lo que era igual a estancamiento- o precipitación de la crisis abierta. En el gobierno macrista la tasa de interés alta es un medio de vinculación entre mercado financiero local e internacional. En un contexto de revinculación financiera (resolución del conflicto con los “hold outs”) y de reapertura comercial es parte de un mecanismo que se proponía (ahora sí de modo consciente) articular restricción monetaria y apertura externa como medio de disciplinamiento social.[2] Pero ello daba por resuelto lo que todavía debía resolverse. Dicho mecanismo “económico” sólo es efectivo si media una derrota política. El gobierno pronto encontró los límites que una relación de fuerzas no resuelta le imponía. El gradualismo no fue una decisión estratégica, sino el resultado ciego de esa relación de fuerzas objetiva. De allí surgía la inconsistencia entre restricción monetaria y gradualismo fiscal, no de la impericia. Los modestos resultados del ajuste de 2016 – modestos en la medida que no rompían con la dinámica a la que pertenecía el ajuste de 2014 – son la evidencia de ello. De este modo, el gobierno en lugar de instrumentar a través de la tasa de interés alta un mecanismo de disciplinamiento social se convirtió en esclavo del carry trade para posponer la crisis. El corto y acelerado ciclo de endeudamiento externo es parte de esa deriva. Una vez más la alternativa era posponer el ajuste o precipitar la crisis.



En este punto del análisis quedan expuestas la identidad detrás del largo período de estancamiento y la diferencia específica que opone a los gobiernos macrista y kirchnerista. La dinámica de estancamiento económico y presión creciente por el ajuste y la crisis que atraviesa ambos gobiernos es el resultado de la imposibilidad inmediata de subordinar las demandas obreras y populares a las necesidades del relanzamiento de la acumulación de capital. La diferencia específica radica en la oposición de los mecanismos políticos que caracterizaron a ambos gobiernos. El mecanismo político que articuló el último gobierno kirchnerista fue uno de posposición de la crisis en el marco del agotamiento de las condiciones que habían posibilitado una estrategia política sustentada en la incorporación de demandas populares. El mecanismo político que intentó articular Cambiemos fue uno de ofensiva contra el trabajo, de subordinación de las demandas obreras y populares a las restricciones del proceso de acumulación. Pero hasta hoy fracasó. Por eso el primero vivió, al mismo tiempo, la crisis de su bloque político y la oposición creciente y cada vez más compacta de la clase dominante. Por eso el segundo ha unificado a esa clase dominante contra la clase obrera, pero no ha podido a pesar de ello construir una dominación estable y relanzar el crecimiento económico. 

La última fase del período abierto en 2012 se abrió en mayo de 2018. Pero su causa hay que buscarla en diciembre de 2017. Cuando el gobierno, fortalecido políticamente por el desempeño electoral de octubre, decidió emprender las reformas previsional, laboral y tributaria, y consumió su capital político en los enfrentamientos callejeros frente al Congreso. Entonces, enterró el reformismo permanente e intentó canjear inflación por crecimiento reduciendo las tasas de interés. La fuga de capitales iniciada en mayo de 2018 fue la respuesta descoordinada, no planificada, de los capitales individuales al desafío popular de diciembre. Frente a un nuevo intento de posponer el ajuste precipitaron la crisis. El inicio de la crisis abierta señala, por lo tanto, el terreno de resolución de la relación de fuerzas. Pero el ataque coordinado a la clase obrera debe estructurarse a través del estado, mediante la derrota política de la resistencia obrera y popular y la articulación eficaz de un mecanismo político de dominio. Eso es lo que está actualmente en cuestión. 

 

A modo de conclusión: la crisis y el problema del orden

Frente a las hipótesis que explican la crisis actual como el resultado de la implementación de políticas incorrectas por parte del gobierno, intentamos exponer de manera resumida la hipótesis de que la actual coyuntura de crisis abierta es el desenlace de un largo período, cuyo origen se encuentra en el agotamiento de unas condiciones de acumulación que habían posibilitado, desde 2003, una estrategia política basada en la satisfacción gradual de demandas populares. En ese contexto, el bloqueo popular al ajuste y la reestructuración dio lugar a diversas estrategias de posposición del desenlace cuyo resultado fue la dinámica de estancamiento y tendencia a la crisis que se extendió desde entonces. La fase de crisis abierta iniciada en mayo de 2018 señala, entonces, el terreno de la resolución de la relación de fuerzas. Pero al mismo tiempo, por esa razón, abre un espacio de incertidumbre y disputa. En ese sentido sólo es posible plantear algunas reflexiones generales sobre las perspectivas que se abren.

En primer lugar, la capacidad de resistencia de la clase obrera, la variable determinante para entender el período abierto en 2012, se pone de manifiesto en cada acción de lucha. Como en el último paro general del 24 y 25 de setiembre que, además del alto nivel de acatamiento, mostró una amplia unidad sindical en la acción, unificó a trabajadores formales e informales, se convirtió en un espacio de articulación de diferentes formas de lucha (movilizaciones, piquetes, ocupaciones, etc.) y concitó el apoyo de todo el arco político opositor.

Sin embargo, en segundo lugar, el propio desarrollo de la crisis pone en el centro de la disputa el problema del orden. En la breve presentación que acabamos de realizar apenas nos aproximamos al carácter central del gobierno Cambiemos: el objetivo de restaurar la autoridad del capital a nivel social y en el lugar de trabajo.[3] Aunque no podríamos desarrollarlo aquí ese objetivo da unidad al conjunto de las intervenciones del gobierno. Y el gobierno ha tenido sus mejores resultados políticos cuando ha logrado identificar la restauración de la autoridad del capital con la restauración del orden sin adjetivos. La crisis tiende a producir procesos de disrupción de la vida cotidiana, fenómenos de pérdida de referencias sociales que tienen efectos profundos que trascienden al deterioro de los ingresos. En especial, las crisis como la actual de devaluación e inflación generan miedo y angustia frente a una situación que parece fuera de control y que, a diferencia de las crisis deflacionarias, no es fácilmente atribuible al estado como centro generador. En ese contexto, la demanda de orden puede fácilmente convertirse en articuladora de consensos sociales amplios para la aplicación de políticas de restauración de la autoridad del estado y del capital.


[*] Sociólogo y profesor e investigador de la UNQui/UBA.

[1] Desde 2005, cuando se presenta por primera vez el dilema de adecuar las demandas populares a los límites del proceso de acumulación, o desde 2007, cuando la decisión de dar continuidad a la estrategia de satisfacción de demandas populares da lugar a crecientes desequilibrios, el mecanismo político de traducción del desafío obrero y popular puede definirse como de “desplazamiento” de la contradicción capital/trabajo. Desplazamiento temporal de la resolución del dilema y desplazamiento espacial del antagonismo capital/trabajo hacia la oposición kirchnerismo/antikirchnerismo. Desde 2012 el mecanismo de desplazamiento ya no es posible, la restricción externa y la debilidad de la inversión sólo permiten posponer el ajuste a costa del estancamiento económico y de una creciente presión por el ajuste.

[2] Esto no basta para caracterizar a un gobierno como neoliberal, los ajustes ortodoxos han sido la norma como respuesta a las crisis en todas las épocas del capitalismo. Si se duda de esta afirmación compárense las medidas del primer año de gobierno macrista con las del gobierno de Frondizi.

[3] Para un mayor desarrollo de esta hipótesis véase Piva 2017.


Bibliografía

Cantamuto, Francisco y Schorr, Martín (2018) “El carácter social de Cambiemos”, en Anuario EDI 2018 “Capitalismo argentino. ¿Una vez más en la encrucijada?”. Buenos Aires: Fundación Rosa Luxemburgo. 

Ianni Valeria (2018) “Ofensiva, crisis y el desafío de construir una alternativa de las y los trabajadores”, en Anuario EDI 2018 “Capitalismo argentino. ¿Una vez más en la encrucijada?”. Buenos Aires: Fundación Rosa Luxemburgo. 

López, Emiliano (2018) “¿Qué fue de la hegemonía desarrollista? Tiempos de transición y nuevas posiciones al interior del bloque de poder en la Argentina”, en Cuadernos de Economía Crítica, Vol 4, N° 8, Junio de 2018. Buenos Aires: Sociedad de Economía Crítica.

Piva, Adrián (2017) “La épica de un país ordenado”, en Intersecciones. Disponible en http//www.intersecciones.com.

 

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